El CAC recibe más de 30 consultas sobre la aplicación de la normativa electoral, la mayoría sobre derechos electorales audiovisuales y pluralismo informativo
- Las dudas de los medios, principalmente radios municipales, han sido sobre la composición de los debates, la planificación de entrevistas, el tiempo de propaganda gratuita electoral y la prohibición de emitir programas que destaquen la actividad del Consistorio
El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha recibido un total de 33 consultas sobre la normativa electoral por parte de medios, la mayoría sobre la definición de los derechos electorales audiovisuales que corresponden a las distintas candidaturas y sobre el pluralismo informativo. También se han recibido consultas sobre si durante el período electoral se pueden emitir determinados programas que comentan la actividad que realiza el Consistorio o no.
La mayoría de las consultas han sido realizadas por radios públicas, aunque también ha habido algunas puntuales procedentes de televisiones locales públicas y de TV3.
El motivo generalizado de las consultas ha sido, en la mayoría de los casos, la interpretación de la normativa en lo que se refiere a los derechos electorales audiovisuales de las candidaturas. Así, en concreto, se ha consultado si las agrupaciones electorales conservan los respectivos derechos de las partes y, a la inversa, sobre la división de los derechos para una coalición que ahora se presenta de forma separada. También ha habido dudas sobre los concejales que se presentaron bajo unas siglas, pero que ahora se presentan con otras.
También se ha consultado al CAC sobre si una emisora pública debe dar entrada en un debate electoral y en las entrevistas a todas y cada una de las candidaturas o solo a las que obtuvieron representación en las últimas elecciones municipales. Asimismo, se han presentado dudas en relación con la distribución de los espacios de propaganda gratuita que corresponden a cada candidatura.
Uno de los temas recurrentes ha sido la interpretación de la normativa en lo que respecta a la definición de una candidatura como grupo político significativo en los planes de cobertura informativa. Esta consideración se atribuye a las formaciones políticas que, a pesar de no haberse presentado en las elecciones municipales anteriores o no haber obtenido representación, sí se presentaron en otros procesos electorales recientes y, en este caso, obtuvieron al menos el 5 % de los votos. Sin embargo, su cobertura no puede ser igual o superior a la dedicada a las candidaturas que consiguieron representación municipal.
Todos los prestadores públicos tienen la obligación de presentar a la Junta Electoral Provincial un plan de cobertura informativa que incluya una planificación de los tiempos que se darán en los informativos a cada formación, así como la planificación de debates y entrevistas. Este plan debe entregarse o ponerse en conocimiento de las diferentes candidaturas, a fin de que puedan presentar alegaciones.
Habitualmente, el CAC ha respondido a las consultas presentadas por los prestadores en relación con la cobertura de elecciones, pero esta es la primera vez que el CAC abre, con carácter formal, un servicio de consultas. Las respuestas del regulador tienen un carácter no vinculante, dado que la máxima autoridad son las juntas electorales provinciales y, en última instancia, la Junta Electoral Central. El servicio se puso en marcha el pasado 17 de febrero.
El servicio de consultas, accesible a través de la página web del CAC, se ha creado como respuesta a las inquietudes y dudas que se pusieron de manifiesto en la jornada Elecciones municipales 2023. Normativa electoral en el ámbito audiovisual. Planes de cobertura. Blogs electorales. Propaganda política.
La sesión de trabajo tuvo lugar el pasado 25 de enero en el espacio Roca Umbert de Granollers, organizada por La Xarxa y la Federación de Medios de Comunicación Locales de Cataluña (FMCLCat), y contó con la participación del CAC y del Colegio de Periodistas de Cataluña (CPC). En la sesión participaron el presidente del CAC, Xevi Xirgo, y la jefa del Área Jurídica del Consejo, Carme Fita.
