El CAC reclama que el Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual fomente una mayor producción en lengua catalana

  • El Consejo pide hacer efectiva la diversidad cultural y que el 50% de la cuota de obras en lenguas del Estado español en los servicios televisivos a petición sea específicamente en catalán, vasco o gallego
     
  • El CAC propone incrementar del 5 al 10% la cuota de financiación de obras europeas para los servicios de televisión a petición, como Netflix o HBO, en la línea de otros países europeos
     
  • El CAC reivindica más competencias en relación con las plataformas de intercambio de vídeos para una mejor defensa de los niños y adolescentes ante contenidos perjudiciales
  • El CAC constata que varias disposiciones del Anteproyecto afectan a competencias exclusivas de la Generalitat de Cataluña

El Pleno del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ha aprobado un acuerdo con alegaciones al Anteproyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que pretende trasponer la Directiva 2010/13/UE. Esta directiva europea, aprobada en noviembre de 2018, supone actualizar la normativa audiovisual incorporando en el ámbito subjetivo de la regulación a los servicios televisivos a petición, como Netflix o HBO, y a las plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube.

En las alegaciones, el CAC constata la necesidad de incorporar en la versión definitiva de esta propuesta un nuevo enfoque que refleje la diversidad cultural y lingüística interna del Estado español. En este sentido, se considera que deberían preverse medidas concretas en relación con la producción y promoción de las lenguas oficiales diferentes a la lengua castellana.  

De este modo, en cuanto a la obligación de financiación de obra europea, el Consejo propone incrementar del 5 al 10% la cuota de financiación de obras europeas para los servicios de televisión a petición, como Netflix o HBO, en la línea de otros países europeos. En el caso de las televisiones lineales, el CAC propone mantener el sistema vigente, del 5% para las televisiones privadas y del 6% para las públicas.

Asimismo, pide hacer efectiva la diversidad cultural y que el 50% de la cuota de obras en lenguas del Estado español se destine a obras audiovisuales en catalán, vasco o gallego, dada la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual, o, como mínimo, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.

Por otra parte, se reclama una presencia mínima de la lengua catalana en el catálogo de los servicios televisivos a petición. Según el anteproyecto, estos servicios deberán garantizar una cuota mínima del 30% de su catálogo en obras audiovisuales europeas y, de esta cuota, el 50% tendrá que ser en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas de las comunidades autónomas.

El CAC subraya que en el anteproyecto no se introduce ningún porcentaje concreto para lenguas cooficiales diferentes a la castellana. Por lo tanto, reclama que, de dicho 50% reservado a lenguas oficiales en el Estado español, el 50% sea para el catalán, el vasco o el gallego, dada la situación de precariedad de estas lenguas en el ámbito audiovisual, o, como mínimo, un porcentaje que se corresponda con el peso poblacional del conjunto de territorios con lenguas cooficiales.

En relación con la prominencia de estas obras (es decir, que aparezcan de forma destacada), el CAC pide que en el anteproyecto se definan, tal y como faculta la Directiva, los contenidos de servicio público y los contenidos en catalán, vasco o gallego, como contenidos de interés general, puesto que contribuyen y son reflejo de la diversidad cultural y, por lo tanto, estos contenidos deberían tener prominencia en los servicios a petición.

Asimismo, el CAC considera que en el anteproyecto se debería prever que los catálogos de los servicios de vídeo a petición incorporaran las versiones ya dobladas o subtituladas al catalán de sus obras.

Afectaciones competenciales

El CAC considera también que varias disposiciones del anteproyecto se superponen con competencias exclusivas de la Generalitat en cuanto al ámbito audiovisual.

En relación con la organización de los prestadores del servicio público audiovisual, en el anteproyecto se prevé una regulación detallada respecto a los órganos de gobernanza y gestión del servicio público de comunicación audiovisual (mandatos marco, contratos programa, etc.) que contradice lo previsto en el artículo 146.1.ª del Estatuto de autonomía de Cataluña, que atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva  sobre la organización de la prestación de los servicio público de comunicación audiovisual.

El CAC propone que se haga una regulación de mínimos, como corresponde a la finalidad de una norma básica, respetuosa con la capacidad legislativa del Parlamento de Cataluña.

En relación con los medios de comunicación televisivos y radiofónicos comunitarios, el CAC destaca también que ésta es una competencia exclusiva de la Generalitat y pone en entredicho la previsiones del anteproyecto, puesto que no tiene en cuenta la existencia de una amalgama de servicios, en los que confluyen aquellos que son, propiamente, servicios comunitarios sin ánimo de lucro, y los que, bajo el pretexto de los servicios comunitarios, actúan como prestadores sin título de carácter comercial.

Más competencias para el CAC

En las alegaciones, el CAC hace patente también la necesaria colaboración, prevista y promovida por la Directiva, entre las diferentes autoridades audiovisuales independientes existentes en el Estado, para lograr los objetivos que se persiguen. En este sentido, el CAC expresa la necesidad de establecer el principio de colaboración entre las diferentes autoridades como un eje básico de relación.

En concreto, se pone de relieve que las tareas realizadas y la experiencia lograda en estos últimos años por instituciones como el CAC permiten aportar conocimientos, especialmente en materia de protección de las personas menores de edad, discurso de odio, publicidad encubierta, desinformación o alfabetización mediática.

En consecuencia, y siguiendo el ejemplo de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la institución del defensor del pueblo y las figuras similares en las diferentes comunidades autónomas, sería preciso que se previera una actuación concertada entre las autoridades reguladoras independientes existentes en el Estado español en materia de supervisión y control de los servicios de comunicación audiovisual lineal y a petición, y las plataformas de intercambio de vídeos.

Finalmente, siguiendo el espíritu de cooperación entre reguladores y dado que en el Estado las competencias en materia audiovisual están atribuidas a diferentes autoridades reguladoras independientes, se considera conveniente incorporar al anteproyecto una disposición final que establezca que la CNMC y las autoridades reguladoras independientes creadas como tales en el Estado español establecerán mecanismos de participación en la European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA).

El acuerdo del CAC ha sido aprobado por tres votos a favor y uno en contra.

Acord 105/2020 d’aprovació de l’Informe d’al·legacions a l’Avantprojecte de llei general de comunicació audiovisual