El presidente del CAC pide que la Digital Service Act que impulsa la Comisión Europea exija mayor responsabilidad a las plataformas de internet

  • El presidente del CAC, Roger Loppacher, afirma también que uno de los puntos esenciales de la reforma será la no-discriminación entre contenidos digitales y contenidos audiovisuales, dado que ambos tienen influencia en materias como por ejemplo la protección de menores, el discurso de odio y la desinformación
  • Loppacher destaca que el marco regulatorio aplicable a las grandes empresas de internet está basado en la Directiva sobre el comercio electrónico, que tiene 20 años y hoy en día ya no responde lo suficiente a los retos de la sociedad hiperconectada
  • Los reguladores europeos adoptan por primera vez una postura común sobre la iniciativa de la Comisión Europea de revisar la Directiva que ha servido para regular hasta ahora las grandes empresas de internet

El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, ha pedido que la Digital Service Act (DSA), el nuevo marco regulatorio sobre plataformas, servicios y productos digitales que prepara la Comisión Europea, sirva para exigir mayor responsabilidad a las grandes plataformas de internet, en cuestiones como, por ejemplo, la protección de menores, el discurso de odio y la desinformación.

“Uno de los puntos más destacados del nuevo paquete legislativo será la no- discriminación entre los diferentes tipos de contenidos digitales, como por ejemplo vídeo, audio o texto, de modo que se tienda a igualar las obligaciones de las plataformas de internet con las de los prestadores audiovisuales, que son mucho más estrictos”, ha dicho Loppacher.

“La cuestión esencial en este debate es que los valores fundamentales que han sustentado la regulación audiovisual, como la libertad de expresión y la protección de los menores, deben tener la misma relevancia en el escenario on line. Por lo tanto, es necesaria una regulación específica de los contenidos digitales difundidos por las plataformas de internet en el espacio común europeo”, ha añadido.

Loppacher destaca que “el marco regulatorio aplicable a las grandes empresas de internet está basado en la Directiva sobre el comercio electrónico, que tiene 20 años y hoy en día ya no responde lo suficiente a los retos de la sociedad hiperconectada”.

El presidente del CAC apuesta por la neutralidad reguladora en cuanto a la diferente tipología de contenidos digitales –audiovisuales y textuales–, dado que  considera que debe tenderse a una igualdad de trato entre los diferentes actores del sector.  

“Las plataformas de servicios on line dan acceso a contenidos que informan, entretienen o educan. En este sentido, compiten con los medios audiovisuales tradicionales por las mismas audiencias y el mismo mercado publicitario, y despliegan, en ambos casos, capacidad para influir en la opinión pública y el discurso político. Por lo tanto, es injusto y disfuncional que las plataformas on line reciban un trato regulador laxo, mientras que los medios audiovisuales tradicionales, otro más riguroso”, ha afirmado.

“El nuevo marco legal debería cubrir los contenidos perjudiciales e ilegales y, en este sentido, cabe pedir a las plataformas de internet una política proactiva mucho más eficaz para defender a sus usuarios”, ha indicado Loppacher.
 

Iniciativa de la Comisión Europea

La Comisión Europea abrió una consulta pública el 2 de junio sobre la DSA, que es uno de los elementos legislativos de referencia impulsados por la presidenta, Ursula von der Leyen. La consulta está abierta hasta el 8 de septiembre. La propuesta legislativa tiene un doble objetivo: reformar la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (DCE) y establecer una regulación sobre las plataformas de internet. 

Por su parte, los reguladores audiovisuales europeos presentaron el pasado 5 de junio su primera respuesta común sobre la DSA.

Los reguladores audiovisuales europeos consideran que el paquete DSA debe continuar la línea abierta por dos directivas recientemente aprobadas: la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (DSCAV) y la Directiva sobre el copyright on line, en cuanto al establecimiento de responsabilidades de las plataformas on line.

Está previsto que la DSCAV, aprobada en noviembre de 2018, se trasponga al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro el próximo mes de septiembre.

Uno de los principios generales establecidos en la Directiva sobre el comercio electrónico es el de “responsabilidad limitada” (artículo 14 DCE). En términos generales, en este principio se establece que las plataformas on line solo se responsabilizarán del contenido subido por sus usuarios cuando tengan conocimiento real y efectivo de la ilegalidad de dicho contenido y no actúen con celeridad al suprimir o desactivar el acceso al mismo.

Los reguladores audiovisuales, en su informe, apoyan el principio general de responsabilidad limitada. Aun así, consideran que hay que revisar su actual “statu quo”, que establece una responsabilidad simplemente reactiva para plataformas, sin obligaciones proactivas al afrontar los problemas derivados del contenido.

En el informe se señala que, para retener los beneficios de la responsabilidad limitada, los proveedores de servicios on line podrían estar obligados a demostrar acciones proactivas en relación con ciertos tipos de contenido ilegal claramente identificable (como, por ejemplo, contenido terrorista).

En el informe se añade que el paquete DSA incorporará nuevas reglas en cuanto a la desinformación en línea y a la publicidad política. En el documento se constata que las plataformas on line han cooperado voluntariamente en la aplicación del Código de autorregulación, promovido por la Comisión Europea, en vista de las últimas elecciones al Parlamento Europeo.

Aun así, los reguladores europeos apuestan por la creación de un mecanismo de corregulación en el que las plataformas de contenido on line serían requeridas a cumplir obligaciones al presentar informes regulares sobre la publicidad política, implementar unos procedimientos armonizados y aplicarlos dentro de unos plazos establecidos por los reguladores.
 

ERGA Position Paper on the Digital Services Act