El presidente del Conseil supérieur de l’audiovisuel francés afirma que hay que encontrar un nuevo sistema de regulación que incluya internet
- El presidente del Conseil supérieur del audiovisuel (CSA) francés, Roch-Olivier Maistre, considera que actualmente hay una situación de desequilibrio entre los actores de internet y los actores audiovisuales tradicionales, que tienen muchas más obligaciones
- Maistre anuncia que el CSA se convertirá en un nuevo regulador con más competencias, que se denominará Autoridad reguladora de la comunicación audiovisual y digital (ARCOM)
- Según el presidente del CAC, Roger Loppacher, urge modificar la ley audiovisual catalana para adaptarla al nuevo entorno digital
El presidente del Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) francés, Roch-Olivier Maistre, ha afirmado que hay que encontrar un nuevo sistema de regulación que incluya los nuevos actores de internet, como por ejemplo, las plataformas de vídeo bajo demanda y las de intercambio de vídeos, y las redes sociales. “Actualmente hay una situación de desequilibrio entre los actores de internet y los actores audiovisuales tradicionales, que tienen muchas más obligaciones”, ha dicho.
Maistre ha puesto el ejemplo de la plataforma de vídeo bajo demanda Netflix, que en Francia tiene 6 millones de abonados -más que los de Canal+-, pero que, en cambio, no tiene las mismas obligaciones.
Maistre ha participado hoy, 17 de diciembre, en la 41ª sesión del Foro de la Comunicación, organizado por el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) en La Pedrera, con la ponencia “De los servicios de comunicación audiovisual a las plataformas de contenidos: los nuevos retos para el Conseil supérieur de l’audiovisuel”.
El presidente del regulador audiovisual francés ha explicado que el discurso sobre internet ha cambiado, en el sentido de que no se considera este medio un referente sin límites en cuanto a la libertad de expresión. “El debate según el cual en internet la libertad es un valor absoluto ya no es válido. En Estados Unidos hay muchas voces que piden regular los nuevos actores, especialmente si tenemos empresas como Facebook que tiene la intención de emitir su propia moneda”, ha asegurado.
Maistre ha explicado que las grandes plataformas de internet han aceptado que tienen que cambiar y moderar sus contenidos.
“En Francia se está dibujando una nueva regulación para las grandes plataformas, que no será ni el modelo chino ni el modelo de todo vale de los Estados Unidos, sino un modelo que respete la libertad de expresión y los grandes principios humanistas”, ha señalado.
En este sentido, ha explicado que el CSA, que este año cumple 30 años, se transformará en una nueva autoridad, llamada Autoridad reguladora de la comunicación audiovisual y digital (ARCOM), que se creará en enero de 2021 y se fusionará con la Alta autoridad para la difusión de obras y la protección de los derechos en internet (Hadopi).
Por lo tanto, en Francia se mantendrá una regulación separada entre el futuro ARCOM, con competencias audiovisuales, y el actual regulador de telecomunicaciones (Arcep), si bien, según ha precisado Maistre, habrá una estrecha colaboración entre los dos reguladores franceses.
El presidente del CSA ha añadido que desconoce si el nuevo ARCOM será una referencia en el ámbito europeo, si bien, según ha dicho, su apuesta es conseguir una regulación homogénea europea. “Yo creo que hay ámbitos, como por ejemplo los contenidos perjudiciales en internet, en los que los estados miembros no deberían legislar, porque estas materias ya se encuentran reguladas en la nueva Directiva de servicios de comunicación audiovisual”, ha asegurado.
Consultado en el turno de preguntas por la aparente facilidad europea para regular de forma intensa a la vez que la UE se muestra incapaz de crear empresas audiovisuales de ámbito internacional, ha explicado: “Es paradójico que en un lugar que ha sido la cuna de la cultura nos lleguen, como si fueran trenes de alta velocidad, empresas como Netflix o Disney. Pero aquí, gracias a la obligación de tener en sus catálogos un 30% de obra europea, yo veo una oportunidad. En cualquier caso, yo apuesto por una política cultural europea”.
Modificación de la Ley audiovisual catalana
El ponente ha sido presentado por el presidente del CAC, Roger Loppacher, quien ha destacado la magnífica cooperación entre el CAC y el CSA, que se ha reforzado en el marco de las plataformas de autoridades reguladoras. En concreto, en la European Platform of Regulatory Authorities (EPRA) y en el Réseau des instances de régulation méditerranéennes (RIRM). De la última plataforma, el CAC y el CSA ostentan, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia de turno.
Loppacher ha recordado que la Unión Europea aprobó la revisión de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual en noviembre de 2018 y que, tal y como está previsto en el texto, se implementará antes de septiembre del próximo año. “Desde el CAC, lo hemos dicho muchas veces, pensamos que urge la necesidad de modificar nuestra ley audiovisual para adaptarla al nuevo entorno audiovisual y a la nueva directiva. Y puedo decirles que estamos trabajando en ello, conjuntamente con la Dirección General de Medios de Comunicación”, ha explicado.
El presidente del CAC ha señalado que para poder modificar la ley audiovisual es muy conveniente ver como se hace en los países del entorno europeo y que, en este caso, Francia ofrece un referente importante, porque en este país ya se ha presentado en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que pretende incorporar las previsiones de la nueva Directiva al ordenamiento jurídico francés y adaptarlo al nuevo entorno audiovisual.
Uno de los aspectos previstos en la nueva normativa es la creación de un regulador con muchas más competencias y atribuciones, la ARCOM (resultado de la fusión del CSA y del Hadopi), una iniciativa que Loppacher ha calificado de “muy interesante”.
En relación con las iniciativas del CAC para adaptarse al nuevo entorno digital, Loppacher ha explicado que el organismo catalán ha elaborado 13 informes sobre contenidos en internet en relación con temas como la pornografía infantil, la incitación a la violencia machista, el cibercontrol de las parejas, la sexualización de vídeos de menores en las playlist de YouTube, la incitación al suicidio, la anorexia y la bulimia, la pedofília o la homofobia. Asimismo, el Consejo ha elaborado estudios sobre la desinformación en línea en relación con el cáncer o, más recientemente, con el discurso antivacunas.
Estas actuaciones han motivado la retirada al acceso condicionado de 118 contenidos claramente perjudiciales, con la particularidad de que en los dos últimos casos (ciberacoso y sexualización de vídeos de menores) la retirada se hizo en menos de 24 horas.
