El presidente del CAC pide que la transposición de la nueva Directiva audiovisual impulse la producción hecha en Cataluña y la lengua catalana en los servicios de vídeo bajo demanda

• El presidente del CAC, Roger Loppacher, exige a las plataformas de vídeo bajo demanda que adopten medidas para evitar contenidos perjudiciales para los menores de edad o que inciten al odio
   
• Loppacher participa en un congreso sobre la transposición de la Directiva organizado por la Cátedra Unesco de Investigación en Comunicación, que promueve la Universidad Rey Juan Carlos
   

El presidente del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), Roger Loppacher, ha pedido que la transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual incluya medidas para impulsar la inclusión de producciones hechas en Cataluña y de obras en lengua catalana en los catálogos de las plataformas de vídeo bajo demanda, como por ejemplo Netflix o HBO, así como obligaciones a estas empresas para financiar obra local. Asimismo, ha exigido a las plataformas medidas para evitar contenidos perjudiciales para los menores de edad o que inciten al odio.

Loppacher ha hecho estas propuestas en una mesa redonda que se ha hecho hoy, 13 de noviembre, en el congreso “La transposición de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual: nuevo escenario, nuevas reglas”, que ha tenido lugar en Madrid organizado por la Cátedra Unesco de Investigación en Comunicación, que promueve la Universidad Rey Juan Carlos.

El presidente del regulador audiovisual catalán se ha referido a la previsión establecida por la Directiva en cuanto a la promoción y difusión de obras audiovisuales europeas, que establece que los servicios de vídeo bajo demanda deben reservar almenos el 30% de su catálogo a obras audiovisuales europeas. “Esta cuota del 30% es un progreso en relación con la situación actual, si bien es insuficiente si lo que se quiere es equilibrar la oferta de contenidos europeos”, ha explicado.

“Además, habrá que estar muy atentos a la prominencia de las obras europeas en el menú y los buscadores de las plataformas, puesto que, según datos del Reino Unido, el 80% de los contenidos que se visualizan son aquellos que la plataforma recomienda, de modo que es indispensable que los algoritmos de recomendación tengan muy presentes las obras audiovisuales europeas”, ha explicado.

El presidente del CAC ha señalado que habría que ampliar las obligaciones de producción y emisión europeas, de modo que se establecieran medidas para promover también la diversidad cultural y lingüística del Estado dentro de las obras audiovisuales y europeas y, en concreto, la inclusión en los catálogos de las plataformas de producciones hechas en Cataluña y de obras en lengua catalana.

Financiación de obra local

Por otra parte, el presidente del CAC ha hecho referencia a otra medida también dirigida a promocionar obras audiovisuales europeas, pero, en este caso, por la vía de la financiación. “La directiva abre la puerta al hecho de que puedan establecerse contribuciones financieras a los prestadores no lineales, así como, en determinadas condiciones, a los prestadores establecidos en otro Estado miembro, pero que se dirigen a su público nacional. Una medida que puede contribuir, y mucho, a financiar la industria audiovisual local”, ha explicado.

“Desde el CAC, creemos que habría que equiparar las contribuciones de las plataformas con las que ya tienen las televisiones”, ha dicho en relación con la obligación de las televisiones privadas de destinar un 5% de su volumen de negocio a la financiación anticipada de producción europea (6% en el caso de las televisiones públicas).

Protección de los menores de edad y discurso del odio

Loppacher ha destacado que la Directiva prevé un incremento de la protección de los menores de edad ante los contenidos perjudiciales, así como una mayor defensa de la ciudadanía ante los contenidos que incitan al odio y a la violencia.

Según el presidente del CAC, el aumento de la protección hay que llevarlo a cabo a través de la corregulación y la participación de las autoridades de regulación. “En este sentido, creemos que los reguladores deberían participar, junto con las plataformas, en la elaboración de los códigos y tener una consideración especial como  autoridad de referencia. En concreto, el regulador debería disponer de las herramientas y los poderes necesarios para hacer efectiva dicha protección y para ordenar a los proveedores del servicio de alojamiento la retirada de los contenidos perjudiciales”, ha dicho.

La reforma de la Directiva fue aprobada por el Consejo Europeo el 6 de noviembre de 2018, en el punto final del proceso de reforma comunitario de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010/13/UE). Los estados miembros disponen de 21 meses por transponer la norma a las respectivas legislaciones.